Según los datos y nuestra experiencia en Cáritas, el 2021 ha estado marcado por la crisis del Covid. Un año de una gran inestabilidad laboral y de un empeoramiento en los factores de inclusión, especialmente el del empleo, la vivienda y la salud. Así lo revela el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana, y los datos de la memoria que ahora presentamos.
Si en 2018, el 51% de la población de la CV estaba en la zona de integración plena, en 2021, este porcentaje se redujo al 37,5%, lo que ha supuesto la caída de más de 600.000 personas a la zona de integración precaria y un aumento de 100.000 personas en la exclusión severa. Un dato que revela que más del 20% de la población de la CV (1 de cada 5 habitantes) está en situación de exclusión social.
Esto revela que, de forma generalizada, tenemos una estructura social y económica muy débil y poco resistente a las crisis, comparada con otras zonas de España o de Europa. Cada crisis económica y social supone un aumento de la vulnerabilidad de un amplio porcentaje de la población.
Además, es importante destacar que las situaciones económicas y sociales de bonanza y de crisis no afectan por igual a toda la población. A las familias en peor situación, la recuperación les llega muy levemente, en el mejor de los casos, y, por el contrario, la exclusión es más intensa en todas sus dimensiones es más intensa.
Si nos fijamos, por ejemplo, en las dimensiones del empleo, consumo y vivienda, afectan al 70% de la población en exclusión y entre el 80-90% de la población en exclusión severa, mientras que al conjunto de la población no llega al 30%, salud 21,5% y vivienda 18,6%. Por tanto, ni los factores son los mismos según el estrato social ni afectan al mismo número de población.
Se produjo en 2021 un grave deterioro en las relaciones sociales y en las redes de apoyo familiar.
La exclusión social, más allá de los datos, hace referencia a cuestiones transcendentales que limitan gravemente el desarrollo y la dignidad personal y familiar y se analizan a través de 8 dimensiones: empleo, consumo, vivienda, salud, educación, participación política y social y las relaciones sociales.
Las principales causas de la exclusión en la CV se deben a un frágil y estacional mercado laboral donde sectores como el turismo y la hostelería fomentan los contratos de baja calidad, inestables, de corta duración… A ello se les suma el problema del acceso a la vivienda, el poder seguir los tratamientos en salud y la brecha digital (posibilidad de acceso a los dispositivos y a conexión permanente y el contar con las habilidades y competencias más allá de un manejo básico).
Por otro lado, la movilidad social, uno de los pilares en los que se fundamenta nuestra sociedad, no es una posibilidad real para un porcentaje de la población valenciana y se erige como un factor importante de exclusión. Hay familias que saben que sus hijos no gozarán de un futuro mejor que el suyo, pues ni el sistema educativo ni los efectos integradores de la economía y de Estado cumplen con el papel de ascensor social.
La exclusión social es un aviso sobre la fragilidad de un sistema social y político que no está cumpliendo con los objetivos últimos recogidos en la Constitución Española. La estabilidad democrática está fundamentada en la vivencia cotidiana de sus ciudadanos. La exclusión no es cuestión individual de unos pocos, o ni siquiera algo que debemos afrontar por filantropía; la exclusión es un reto para cada uno de nosotros porque afecta al común del que formamos parte y porque la dignidad vulnerada de cada uno, es la de dignidad vulnerada de todos.
En primer lugar, agotan los ahorros de que disponen, en caso de tenerlos, en segundo lugar, se pide dinero o se buscan ingresos extras, y, en tercer lugar, se reducen gastos habituales y básicos.
En esta crisis, la administración ha tratado de paliar la situación con medidas de apoyo económico a empresas y familias, como han sido los ERTE o las distintas moratorias (pago de alquileres, desahucios, etc.), que han supuesto un apoyo evidente y han evitado una situación peor.
Pero también es cierto que estas medidas están vinculadas a contar con un empleo, y por lo tanto quedaron fueran aquellas personas que no cuentan con un empleo estable, un contrato de trabajo y subsisten al margen del mercado laboral oficial, o todas aquellas que residen en España sin permiso de residencia o de trabajo.
La falta de información, las dificultades en la tramitación, la
excesiva burocratización o la brecha digital son algunos de los factores que influyen para que medidas como la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital todavía no están teniendo un alcance masivo en las capas de población susceptibles de poder solicitarla.
